La Inspección Judicial abrió un proceso para determinar el origen de los errores procesales que llevaron al Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea a anular, este lunes, dos resoluciones que declaraban el Caso Diamante como un expediente de crimen organizado. Según información del Poder Judicial, el proceso aún se encuentra en fase de investigación preliminar y no hay personas señaladas. Este lunes trascendió la resolución del Tribunal Penal de Hacienda, que podría invalidar pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas, las cuales solo se aplican en casos de delincuencia organizada. Los abogados defensores de los seis alcaldes y otras personas imputadas alegaron la existencia de errores de procedimiento, y su petición fue acogida por el Tribunal a cargo. Uno de los errores señalados es la incorporación, por parte de la jueza, de un machote con párrafos extraídos de resoluciones ajenas al expediente, relacionadas con un homicidio y un aborto, delitos sin vínculo con este caso. Esto generó confusión sobre los hechos imputados a los encartados. Entre los sospechosos de recibir presuntas dádivas en 15 proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial cantonal figuran el alcalde Mario Redondo, así como los exalcaldes Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa). El caso Diamante llevó a una serie de allanamientos que terminaron con la captura de los sospechosos el 15 de noviembre del 2021, donde también se detuvo a funcionarios municipales y representantes de las firmas constructoras MECO y Explotec. Aunque la Fiscalía argumentó que se trató de un error dela jueza, el Tribunal determinó que dicho argumento no era válido, ya que una declaratoria debe fundamentarse conforme a los requerimientos legales que garanticen una decisión ajustada al ordenamiento jurídico. Este lunes, la Fiscalía Adjunta informó que había sido notificada recientemente sobre la resolución por lo que ahora procederá a analizar el fallo con profundidad para conocer lo resuelto. El proceso que lleva a cabo la Inspección Judicial se tramita en el expediente número 25-000500-031-DI. Fuente: La Nación
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea anuló este lunes dos resoluciones que declaraban el caso Diamante como un expediente de crimen organizado, tras acoger los reclamos de los abogados defensores que alegaron errores de procedimiento. Al anular la declaratoria de crimen organizado, se reducen los plazos del proceso y se podría invalidar la prueba obtenida por medio de intervenciones telefónicas. En el Caso Diamante se investigan a funcionarios municipales, entre ellos seis alcaldes, por recibir presuntas dádivas en 15 proyectos para construir o conservar infraestructura vial cantonal. Los alcaldes investigados son Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago) Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa). El Tribunal le dio la razón a los defensores de los imputados, quienes evidenciaron que en la resolución que declaró el caso como delincuencia organizada en el 2020, la jueza incorporó párrafos de otras resoluciones ajenas al expediente, por un homicidio y un aborto, que no tienen relación alguna con este expediente. La Fiscalía argumentó que se trataba de un error de la jueza, pero el Tribunal dispuso este lunes que el argumento no es de recibo, pues una declaratoria de este tipo debe venir debidamente fundamentada y justificada, acorde a los requerimientos legales que garanticen una decisión ajustada al ordenamiento jurídico. Noticia en desarrollo. Fuente: La Nación
La Inspección Judicial abrió un proceso para determinar el origen de los errores procesales que llevaron al Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea a anular, este lunes, dos resoluciones que declaraban el Caso Diamante como un expediente de crimen organizado. Según información del Poder Judicial, el proceso aún se encuentra en fase de investigación preliminar y no hay personas señaladas. Este lunes trascendió la resolución del Tribunal Penal de Hacienda, que podría invalidar pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas, las cuales solo se aplican en casos de delincuencia organizada. Los abogados defensores de los seis alcaldes y otras personas imputadas alegaron la existencia de errores de procedimiento, y su petición fue acogida por el Tribunal a cargo. Uno de los errores señalados es la incorporación, por parte de la jueza, de un machote con párrafos extraídos de resoluciones ajenas al expediente, relacionadas con un homicidio y un aborto, delitos sin vínculo con este caso. Esto generó confusión sobre los hechos imputados a los encartados. Entre los sospechosos de recibir presuntas dádivas en 15 proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial cantonal figuran el alcalde Mario Redondo, así como los exalcaldes Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa). El caso Diamante llevó a una serie de allanamientos que terminaron con la captura de los sospechosos el 15 de noviembre del 2021, donde también se detuvo a funcionarios municipales y representantes de las firmas constructoras MECO y Explotec. Aunque la Fiscalía argumentó que se trató de un error dela jueza, el Tribunal determinó que dicho argumento no era válido, ya que una declaratoria debe fundamentarse conforme a los requerimientos legales que garanticen una decisión ajustada al ordenamiento jurídico. Este lunes, la Fiscalía Adjunta informó que había sido notificada recientemente sobre la resolución por lo que ahora procederá a analizar el fallo con profundidad para conocer lo resuelto. El proceso que lleva a cabo la Inspección Judicial se tramita en el expediente número 25-000500-031-DI. Fuente: La Nación
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea anuló este lunes dos resoluciones que declaraban el caso Diamante como un expediente de crimen organizado, tras acoger los reclamos de los abogados defensores que alegaron errores de procedimiento. Al anular la declaratoria de crimen organizado, se reducen los plazos del proceso y se podría invalidar la prueba obtenida por medio de intervenciones telefónicas. En el Caso Diamante se investigan a funcionarios municipales, entre ellos seis alcaldes, por recibir presuntas dádivas en 15 proyectos para construir o conservar infraestructura vial cantonal. Los alcaldes investigados son Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago) Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa). El Tribunal le dio la razón a los defensores de los imputados, quienes evidenciaron que en la resolución que declaró el caso como delincuencia organizada en el 2020, la jueza incorporó párrafos de otras resoluciones ajenas al expediente, por un homicidio y un aborto, que no tienen relación alguna con este expediente. La Fiscalía argumentó que se trataba de un error de la jueza, pero el Tribunal dispuso este lunes que el argumento no es de recibo, pues una declaratoria de este tipo debe venir debidamente fundamentada y justificada, acorde a los requerimientos legales que garanticen una decisión ajustada al ordenamiento jurídico. Noticia en desarrollo. Fuente: La Nación
