Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado que contaba con información previa sobre el robo de más de $12 mil millones ocurrido el 16 de agosto en la sucursal Brinks de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Según el comunicado, durante labores de campo, un oficial recibió datos sobre un posible asalto que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Sin embargo, el robo se llevó a cabo antes de que se pudiera verificar la información. La PDI reiteró su compromiso con los principios y valores que guían a su personal, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas en caso de confirmarse alguna falta en la gestión de la información. Además, la institución informó que ya ha entregado al Ministerio Público todos los antecedentes recopilados para apoyar la investigación en curso. Este mismo día, se realizó la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, quienes enfrentan cargos por robo con intimidación en calidad de autores y en grado consumado, asociación criminal, porte ilegal de armas prohibidas, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación.
Para contextualizar, durante la madrugada del pasado 5 de junio en medio de un recorrido por el sector de Lo Echevers, personal de seguridad municipal de Lampa, encontró dos cuerpos sin vida que correspondían a jóvenes de nacionalidad venezolana. Asimismo, en el reportaje de Canal 13 se dio a conocer sobre el caso de una mujer que fue asesinada en Ovalle por colaborar con la justicia en una investigación relacionada al Tren de Aragua. Sin embargo, la Fiscalía Nacional durante la mañana de este miércoles ante el impacto de la noticia, descartó que los jóvenes asesinados fueran testigos protegidos del crimen organizado. Dado lo anterior, la entidad señaló queante distintas versiones de prensa que sindican como testigos protegidos a víctimas de asesinatos ocurridos en Lampa y Ovalle, queremos aclarar que dichas personas no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos. Finalmente, Fiscalía Nacional manifestó quenos vemos impedidos de referirnos a ellas con el fin de proteger las indagaciones y resultados futuros.
El Ministerio Público ha confirmado haber identificado al presunto autor del incendio urbano-forestal que devastó el cerro Cordillera en Valparaíso el pasado mes de marzo. Según la fiscal regional Claudia Perivancich, actualmente se está ejecutando una orden de detención contra esta persona, quien se presume habría originado la emergencia. El incendio, que afectó a aproximadamente 60 personas y 20 viviendas en el cerro Cordillera de la comuna de Valparaíso, ha sido objeto de intensa investigación por parte de la PDI y la Fiscalía. Una de las principales líneas de investigación se centra en el lanzamiento de una bengala segundos antes del inicio del fuego, respaldado por videos de cámaras de seguridad durante la tarde de la emergencia. La fiscal regional, Claudia Perivancich, junto al fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón, han destacado las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural de la PDI en el marco de esta investigación. La Municipalidad de Valparaíso también se ha involucrado en el caso presentando una querella contra los responsables del incendio, buscando asegurar que el hecho no quede impune. Es así que, según informó la PDI a través de sus redes sociales, se logró la detención del presunto responsable del siniestro. Detectives de la Bidema #Valparaíso detuvieron al presunto responsable de lanzar una bengala desde su domicilio el pasado 13 de marzo en el Cerro Cordillera, hecho que provocó un incendio que ocasionó la destrucción de 16 viviendas y que afectó a 49 personas. pic.twitter.com/H4mOcUcV2j — PDI_Valparaíso (@PDI_Valparaiso) April 4, 2024
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado que contaba con información previa sobre el robo de más de $12 mil millones ocurrido el 16 de agosto en la sucursal Brinks de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Según el comunicado, durante labores de campo, un oficial recibió datos sobre un posible asalto que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Sin embargo, el robo se llevó a cabo antes de que se pudiera verificar la información. La PDI reiteró su compromiso con los principios y valores que guían a su personal, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas en caso de confirmarse alguna falta en la gestión de la información. Además, la institución informó que ya ha entregado al Ministerio Público todos los antecedentes recopilados para apoyar la investigación en curso. Este mismo día, se realizó la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, quienes enfrentan cargos por robo con intimidación en calidad de autores y en grado consumado, asociación criminal, porte ilegal de armas prohibidas, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación.
Para contextualizar, durante la madrugada del pasado 5 de junio en medio de un recorrido por el sector de Lo Echevers, personal de seguridad municipal de Lampa, encontró dos cuerpos sin vida que correspondían a jóvenes de nacionalidad venezolana. Asimismo, en el reportaje de Canal 13 se dio a conocer sobre el caso de una mujer que fue asesinada en Ovalle por colaborar con la justicia en una investigación relacionada al Tren de Aragua. Sin embargo, la Fiscalía Nacional durante la mañana de este miércoles ante el impacto de la noticia, descartó que los jóvenes asesinados fueran testigos protegidos del crimen organizado. Dado lo anterior, la entidad señaló queante distintas versiones de prensa que sindican como testigos protegidos a víctimas de asesinatos ocurridos en Lampa y Ovalle, queremos aclarar que dichas personas no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos. Finalmente, Fiscalía Nacional manifestó quenos vemos impedidos de referirnos a ellas con el fin de proteger las indagaciones y resultados futuros.
El Ministerio Público ha confirmado haber identificado al presunto autor del incendio urbano-forestal que devastó el cerro Cordillera en Valparaíso el pasado mes de marzo. Según la fiscal regional Claudia Perivancich, actualmente se está ejecutando una orden de detención contra esta persona, quien se presume habría originado la emergencia. El incendio, que afectó a aproximadamente 60 personas y 20 viviendas en el cerro Cordillera de la comuna de Valparaíso, ha sido objeto de intensa investigación por parte de la PDI y la Fiscalía. Una de las principales líneas de investigación se centra en el lanzamiento de una bengala segundos antes del inicio del fuego, respaldado por videos de cámaras de seguridad durante la tarde de la emergencia. La fiscal regional, Claudia Perivancich, junto al fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón, han destacado las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural de la PDI en el marco de esta investigación. La Municipalidad de Valparaíso también se ha involucrado en el caso presentando una querella contra los responsables del incendio, buscando asegurar que el hecho no quede impune. Es así que, según informó la PDI a través de sus redes sociales, se logró la detención del presunto responsable del siniestro. Detectives de la Bidema #Valparaíso detuvieron al presunto responsable de lanzar una bengala desde su domicilio el pasado 13 de marzo en el Cerro Cordillera, hecho que provocó un incendio que ocasionó la destrucción de 16 viviendas y que afectó a 49 personas. pic.twitter.com/H4mOcUcV2j — PDI_Valparaíso (@PDI_Valparaiso) April 4, 2024
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.